Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera sobre las reformas electorales de Chihuahua, la gobernadora Maru Campos acusó a Morena de haber impulsado la impugnación contra las disposiciones que buscaban sancionar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
La mandataria sostuvo que la reforma aprobada por el Congreso estatal buscaba establecer consecuencias cuando se acreditara la participación del crimen organizado en una elección, así como impedir que candidaturas beneficiadas por este tipo de intervención conservaran sus registros.
En su mensaje de este 30 de septiembre, Campos afirmó que Morena votó en contra de la reforma y posteriormente acudió ante la Suprema Corte para impugnarla. A partir de ello, responsabilizó directamente al partido de lo que consideró un debilitamiento de los mecanismos para proteger las elecciones.
> “Hay que decirlo fuerte y claro con todas sus letras: el responsable es Morena”, declaró la gobernadora.
Campos también acusó que la resolución elimina herramientas que, desde su perspectiva, permitirían enfrentar el financiamiento ilícito, las amenazas y otras formas de intervención criminal en las campañas. Estas afirmaciones corresponden a la postura de la gobernadora y no constituyen una conclusión de la Corte sobre Morena.
La SCJN, por su parte, invalidó diversas disposiciones de la reforma, entre ellas sanciones automáticas contra candidaturas por conductas ilícitas cometidas por terceros. Sin embargo, reportes sobre la resolución señalan que el tribunal mantuvo la posibilidad de anular comicios cuando se acrediten actos de delincuencia organizada que sean graves, dolosos y determinantes para el resultado.
La gobernadora destacó además el voto de la ministra Yasmín Esquivel, quien, según Campos, respaldó la postura de Chihuahua respecto a la gravedad de la intervención criminal en una elección.
Finalmente, Maru Campos aseguró que su administración acatará la resolución de la Suprema Corte, pero adelantó que el Congreso del Estado presentará una nueva iniciativa para buscar otro mecanismo legal que permita impedir la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales.
“Si nos cerraron un camino, abriremos otro”, afirmó la gobernadora.
