INE prepara denuncia ante la FGR por irregularidades; investigarán a exfuncionarios y servidores públicos

Las diez consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) acordaron instruir a sus equipos jurídicos para preparar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra quien resulte responsable por posibles conductas delictivas relacionadas con presuntas irregularidades al interior del organismo.

La decisión contempla que las investigaciones no se limiten a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, sino que puedan alcanzar a otros exfuncionarios y servidores públicos que actualmente continúen en funciones.

La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, informó que el acuerdo será presentado ante el pleno del Consejo General el próximo jueves, durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación realizado el martes 3 de noviembre.

Explicó que la intención de acudir a la FGR es que las autoridades ministeriales investiguen los hechos y determinen las posibles responsabilidades legales de cualquier persona que haya participado en las presuntas irregularidades.

Cruz precisó que la denuncia no estará dirigida contra una persona en particular ni contendrá una lista preliminar de nombres, con el propósito de evitar restricciones en las investigaciones y permitir que la Fiscalía determine quiénes podrían estar involucrados.

El procedimiento podría abarcar a toda la estructura administrativa del instituto, desde la exconsejera presidenta y quienes estuvieron al frente de la Secretaría Ejecutiva, hasta titulares de direcciones ejecutivas, subdirecciones y personal de otras áreas operativas.

La funcionaria adelantó que los equipos jurídicos del INE trabajan para integrar el expediente y presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República a más tardar este miércoles.

Con esta determinación, el organismo electoral busca que las posibles responsabilidades sean esclarecidas por las autoridades competentes y que las investigaciones alcancen a cualquier servidor público respecto del cual existan elementos de una posible conducta delictiva.